La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) una denuncia y solicitud de investigación para la revocación de la concesión otorgada a las empresas Interamerica Broadcasting & Production Company y Trendy, que operan los canales 7 y 21.
Adocco argumenta que dichas empresas violan la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe que medios de comunicación estén controlados por capital extranjero.
A través de un comunicado, Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, explicó que las concesiones fueron transferidas de manera ilegal a una compañía extranjera, violando la Ley No. 153-98.
Según la denuncia, la transferencia fue aprobada en su momento por Indotel bajo la premisa de que las empresas eran de capital dominicano, pero se descubrió que la mayoría de las acciones pertenecen a una empresa extranjera que actualmente administra los canales.
De la Rosa Tiburcio recordó que en 2019, mediante la resolución 072-19, Indotel dejó sin efecto la transferencia de las frecuencias debido a que la ley prohíbe que los medios de comunicación sean controlados por extranjeros.
Sin embargo, a pesar de esta resolución, los canales siguen operando en situación irregular.
El comunicado indica que Adocco presentó pruebas de la violación, incluyendo una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que confirma que la compañía que administra las frecuencias es 99% de capital extranjero, dejando solo un 1% en manos de un dominicano.
«Hemos presentado al Indotel la certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo donde demostramos que esta empresa es 99% extranjera y que solamente la persona que aparece al frente de las mismas es dominicano con apenas un 1%, lo que significa que es una violación a la Ley 153-98 y por eso hemos procedido a presentar esta denuncia», dijo de la Rosa Tiburcio.
La denuncia también solicita investigar a José Miguel Bonetti, «por haberse asociado con extranjeros para transferir las frecuencias sin cumplir con la ley», la cual prohíbe el control de estaciones de televisión por parte de capital extranjero.
De la Rosa Tiburcio recordó que varios procesos judiciales han respaldado la ilegalidad de la operación, incluyendo una resolución del Tribunal Superior Administrativo y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en enero de 2023, que ratificaron la posición del Estado.
Asimismo, expresó su confianza en que la nueva dirección de Indotel tomará acción: «Nosotros abrigamos la esperanza y, conociendo a quienes están al frente del Indotel, sabemos que a esto se le dará curso porque estamos ante una situación de ilegalidad».
