El director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó como “el triunfo de la verdad sobre la mentira” la decisión de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, de imponer 18 meses de prisión preventiva contra tres de los imputados en el caso Camaleón.
Al salir de la audiencia, Camacho aseguró que la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado.
El titular de la Pepca indicó que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia.
«La decisión del tribunal estuvo incidida por la gravedad de los hechos, por el gran daño que debe de ser resarcido, por el comportamiento de los imputados sobre todo como el suyo (Jochi Gómez) que se le ocuparon evidencia de parte del Ministerio Público que le estaba dando seguimiento a miembros del sistema de justicia», afirmó.
Camacho también advirtió sobre nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas.
«Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de nuevos imputados», explicó.
Medidas de coerción
La prisión preventiva fue impuesta al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de Transcore Latam; y a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Los tres imputados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Asimismo, la jueza dispuso que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, cumpla arresto domiciliario.
Mientras que a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
