La violencia institucional en la República Dominicana es analizada en un estudio que sostiene que entre 1996 y el 3 de julio de 2026 unas 5,443 personas murieron a manos de la Policía Nacional.
El documento señala que el 77 % de esos casos ocurrió en hechos descritos como «intercambios de disparos» y afirma que el país obtuvo el peor resultado entre las 18 naciones evaluadas por Latinobarómetro 2024 en el indicador de muertes ocasionadas por los aparatos coercitivos del Estado.
El análisis sostiene que en el país coexisten distintas formas de violencia, entre ellas la estructural, institucional, cultural y de hecho, lo que, según el autor, debilita el capital social y la cohesión social.
Asimismo, plantea que desde 1996 se consolidó una práctica de muertes atribuidas a supuestos «intercambios de disparos», término que, de acuerdo con el documento, posteriormente ha sido sustituido en algunos casos por la expresión «acciones legales».
También afirma que esa práctica generó una cultura interna que, además de afectar a presuntos delincuentes, alcanzó a jóvenes que no estaban vinculados a actividades delictivas.
El informe indica que entre 1996 y 2012 se registraron 4,069 muertes a manos de la Policía, cifra previamente presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Agrega que entre 2008 y 2010, durante la gestión de Rafael Guillermo Guzmán Fermín al frente de la institución, se contabilizaron 1,300 fallecimientos.
Además, relaciona esta situación con factores estructurales como el empleo, la educación, la desigualdad y otras condiciones sociales, al tiempo que cuestiona el uso de la fuerza como respuesta a la delincuencia.
En el desglose por administraciones presidenciales, el documento señala que entre 1996 y 2000 se registraron 1,023 muertes.
Durante el período 2000-2004, la cifra fue de 1,060. Entre 2004 y 2008 se contabilizaron 1,610 casos y entre 2009 y 2012 otros 1,264.
Para los dos períodos de gobierno de Danilo Medina se atribuyen 1,131 muertes, mientras que desde agosto de 2020 hasta el 3 de julio de 2026 el análisis reporta 978 personas fallecidas a manos de agentes policiales.
Respecto a las reformas institucionales, el estudio afirma que durante los gobiernos de Leonel Fernández no se impulsaron cambios en la estructura organizacional ni en el marco normativo de la Policía Nacional.
También señala que en la administración de Hipólito Mejía fue aprobada la Ley 96-04, mientras que durante el gobierno de Danilo Medina se promulgó la Ley 590-16, cuya implementación contemplaba 20 reglamentos, de los cuales, según el documento, solo uno había sido aprobado al concluir esa gestión.
Finalmente, el análisis sostiene que durante la administración del presidente Luis Abinader se desarrolla un proceso de reforma policial con la participación de expertos internacionales, académicos y organizaciones sociales.
Asimismo, indica que desde diciembre permanece en el Congreso Nacional un proyecto de nueva normativa que, de acuerdo con el documento, busca contribuir a la transformación institucional de la Policía Nacional hacia un modelo más cercano a la ciudadanía y orientado al fortalecimiento de la seguridad pública.
