Una jueza ordenó a la Administración de Donald Trump detener las redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California, donde se detenía a personas basándose en criterios como el color de piel o el idioma que hablaban.
La jueza Maame Frimpong también dictó una orden que impide al Gobierno federal limitar el acceso de los abogados al centro de detención de migrantes ubicado en Los Ángeles.
La decisión de la magistrada se produce luego de que personas afectadas por las redadas, junto a organizaciones defensoras de los derechos humanos, presentaran la semana pasada una demanda ante un tribunal de distrito en California, que denuncia las múltiples violaciones constitucionales y prácticas de perfilamiento racial durante los operativos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó estas acusaciones, calificándolas de «repugnantes y categóricamente falsas».
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), una de las organizaciones que representa a los demandantes, explicó en un comunicado que la orden judicial impide a los agentes de inmigración realizar detenciones sin una sospecha razonable.
Asimismo, prohíbe que dichas detenciones se basen en criterios como la raza o etnia, el uso del idioma español o del inglés con acento, el tipo de trabajo que desempeñan las personas, o su presencia en lugares específicos como estaciones de autobuses, lavaderos de autos o fincas agrícolas.
La segunda «ordena al DHS que proporcione acceso a un abogado entre semana, fines de semana y días festivos a las personas detenidas en el B-18, el edificio federal en el centro de Los Ángeles».
Las redadas migratorias en la zona metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace aproximadamente un mes y han provocado una fuerte reacción social, incluyendo enfrentamientos con los agentes, lo que ha convertido a California en un emblema de oposición a la administración de Trump.
La demanda fue impulsada tras un incidente ocurrido el 22 de junio, cuando varios trabajadores fueron detenidos de manera violenta por hombres enmascarados que solo llevaban chalecos con insignias de la Patrulla Fronteriza, según muestran videos que rápidamente se viralizaron.
Uno de los propietarios del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los presuntos agentes irrumpieron en áreas restringidas al público, como los túneles donde se encuentra la maquinaria, y afirmó que durante los arrestos se empleó fuerza desmedida.
