La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso prisión preventiva como medida de coerción contra los cabecillas de una red que se dedicaba a traficar con haitianos.
Además, el tribunal declaró el proceso de tramitación compleja luego de hallar «suficiencia probatoria» en los elementos que, junto a la instancia, depositó el organismo investigador.
La jueza Stephanie Santiago Reyes ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva contra los imputados José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Ramona Salvadora Tapia Flores y Jeffrey Alberto Felipe Acevedo.
Los imputados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres y, en el caso de Tapia Flores, en el CCR Rafey Mujeres.
Entre tanto, el tribunal ordenó garantías económicas, la prohibición a salir del país y la presentación periódica el último viernes de cada mes contra los imputados Freddy Esmeraldo Gómez, Olga Acevedo Capellán y Griselvis Miguelina Parra Hernández.
Gómez deberá saldar un monto de 2 millones de pesos, mediante contrato por compañía aseguradora; Acevedo un monto de 500 mil, igualmente por compañía aseguradora, y Parra Hernández el monto de 300 mil, bajo la misma modalidad de contrato.
Maniobras
Según la investigación del Ministerio Público, el grupo empleaba diversas maniobras para evadir la justicia y, por la vía terrestre, entrar a territorio dominicano desde Haití a personas indocumentadas a quienes trasladaban desde Dajabón a la provincia Valverde y, desde allí, al municipio Navarrete, en Santiago, demarcación en donde desde casas, terrenos baldíos y cuarterías servían como centros de acopio para esconder a los indocumentados.
La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas desarrollaron numerosas diligencias de investigación a fin de poder identificar a los miembros de la estructura y establecer cuáles eran sus roles en la organización.
Junto a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, los organismos investigadores lograron identificar las rutas que esta red criminal utilizaba para el trasiego de estas personas en condición de irregularidad.
El expediente indica que los traficantes imponían el pago de sumas de dinero que oscilaban entre $8,000 y $17,000 pesos por persona.
