Tras un año golpeado por la violencia de las bandas armadas, que ha dejado miles de víctimas mortales, Haití mira hacia 2026, cuando se prevé la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y municipales, luego de casi cinco años sin autoridades electas por voto popular.
El Consejo Presidencial de Transición (CPT), establecido en abril de 2024 y con mandato hasta febrero próximo, había contemplado la realización de los comicios en 2025; sin embargo, el agravamiento de la crisis obligó a aplazar esos planes.
Según el calendario aprobado en noviembre por el Consejo Electoral Provisional (CEP), las elecciones se celebrarán el 30 de agosto de 2026.
De acuerdo con el cronograma electoral, una segunda vuelta está prevista para el 6 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que también se elegirán las nuevas autoridades municipales.
No obstante, el Consejo Electoral Provisional advirtió en un comunicado reciente que el cumplimiento del calendario dependerá de dos condiciones esenciales: la existencia de un entorno de seguridad adecuado y la disponibilidad de los recursos financieros necesarios.
Asimismo, se recordó que amplias zonas del país permanecen bajo el control de bandas armadas, incluida la capital, Puerto Príncipe, y que en algunos territorios “el Estado está totalmente ausente”.
En este contexto, Haití enfrenta una grave crisis humanitaria: cerca de la mitad de la población —unos seis millones de personas, entre ellas 3.3 millones de niños— requiere asistencia, mientras que alrededor de 1.3 millones se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cifras de organismos internacionales.
Aunque la campaña electoral aún no ha sido declarada oficialmente, los partidos políticos haitianos ya han comenzado a activarse en todo el país, organizando mítines, movilizando a sus bases, reestructurando sus organizaciones regionales y ofreciendo capacitación a militantes y simpatizantes.
Haití celebró sus últimas elecciones entre 2015 y 2016, durante un período de transición que concluyó con la elección de Jovenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2020, cinco meses después de que el Consejo Superior Judicial diera por terminado su mandato el 8 de febrero de ese mismo año.
En casi dos años de gestión, el Consejo Presidencial de Transición no ha conseguido contener la violencia ejercida por las bandas criminales.
Aunque los ataques de los grupos armados han disminuido en Puerto Príncipe, la capital, estos se han extendido a otras regiones del país, donde continúan cometiendo masacres, saqueos y violaciones colectivas, provocando el desplazamiento de miles de personas que se ven obligadas a vivir en condiciones precarias en campamentos improvisados.
Esta situación persiste pese a la presencia previa de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), ya disuelta, y a la actual Fuerza de Represión de las Bandas.
