Por: Leanlly Pérez- El Ministerio Público (MP) de la República Dominicana solicitó la noche del miércoles prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas, entre militares y civiles, acusados de integrar una red de corrupción administrativa conocida como el Caso Lobo.
Esta estructura se dedicaba a obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas mediante el pago de sobornos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que la investigación apenas comienza y podrían surgir más arrestos y sometimientos a la justicia en el transcurso del proceso.
Ortiz destacó que la red criminal desarticulada manejó sobornos que superan los 100 millones de pesos y aseguró que el Ministerio Público cuenta con más de 500 pruebas para sustentar la acusación.
Entre los implicados figuran altos militares retirados y activos, como el mayor general Carlos Ambrosio Robles Díaz, varios coroneles, un empresario y otros civiles. La red afectó instituciones que brindan servicios esenciales y sociales como el Inaipi (Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia), Senasa y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo, lo que permitiría un mayor tiempo para la investigación.
Ortiz subrayó que los actos de corrupción violaron la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y afectaron directamente a sectores vulnerables de la población. La denuncia que dio origen a la investigación fue remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El proceso judicial sigue su curso, y las autoridades insisten en que ningún implicado quedará fuera de la acción de la justicia.
