El Senado de la República aprobó con mayoría una resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se pronuncie en nombre del pueblo dominicano a favor del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela.
La resolución fue motivada por la senadora María Mercedes Ortiz, quien llamó a los senadores a votar a favor de la resolución, para «que sirvamos de inspiración, como parte de la comunidad internacional, para que todos los países de la región puedan sumarse y alzar sus voces para lograr un resultado en favor del pueblo venezolano»
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, solicitó a sus colegas senadores votar de pie a favor de la resolución, como signo de democracia y respeto, y para demostrar ante el mundo que somos un país que respeta la democracia.
La iniciativa, sometida por los senadores Franklin Romero y María Mercedes Ortiz, fue aprobada con 25 votos de los 26 senadores presentes en los trabajos legislativos de este miércoles.
La resolución respalda los pronunciamientos y las acciones del gobierno de la República Dominicana en el marco de los organismos internacionales, con el objetivo de intensificar las acciones de la comunidad internacional para respetar los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, «que confirman que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos depositados en las urnas y lo confirman como el legítimo presidente Electo de la República Bolivariana de Venezuela».
La solicitud fue hecha por los legisladores considerando que la República Dominicana, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en sus relaciones internacionales, promueve el respeto a los derechos humanos, la democracia, la paz, y la soberanía de los pueblos.
En el quinto considerando, el documento indica que «mediante la manipulación de los datos oficiales y la negativa a publicar el cien por ciento de las actas, el régimen de Nicolás Maduro ha intentado desconocer el resultado electoral, lo cual constituye un grave atentado contra la transparencia y la legitimidad del proceso electoral».
