Una de las manifestantes, Silvia Hernández, expresó su preocupación por la posible contaminación de los ríos del país, especialmente el río Lempa, que abastece de agua al 70% de la población en la capital y sus alrededores.
Por su parte, la diputada opositora Claudia Ortiz alertó sobre los riesgos que implica la minería para los recursos hídricos de El Salvador, un país con un territorio pequeño y una alta densidad poblacional.
Señaló que las zonas con potencial minero son también áreas hidrográficas importantes, lo que podría agravar los problemas ambientales.
Luis González, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña, anunció que las organizaciones civiles presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la ley y buscarán recolectar un millón de firmas para presionar a las autoridades para que deroguen la norma.
La ley fue aprobada el 23 de diciembre por el Congreso, con el apoyo de 57 de los 60 diputados leales a Bukele, y permite reactivar la minería metálica en el país, que había sido prohibida en 2017.
El presidente Bukele ha defendido la medida, argumentando que El Salvador posee yacimientos de oro valorados en 131,000 millones de dólares, lo que representa el 380% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para calmar las críticas, y según una encuesta realizada por la Universidad Centroamericana, el 59,2% de los entrevistados se mostró en contra de la minería metálica en El Salvador.
La polémica por esta ley continúa creciendo, mientras el país se enfrenta a un debate sobre los posibles impactos económicos, ambientales y sociales de la minería.
