La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la devolución de RD$33.2 millones durante el primer trimestre de 2026, como resultado de reclamaciones presentadas por clientes del sistema financiero.
Estos reembolsos bancarios corresponden a casos tramitados a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), luego de que los afectados agotaran los procesos establecidos con sus entidades financieras.
Las devoluciones se originaron a partir de 1,741 reclamaciones interpuestas entre enero y marzo de este año.
De ese total, el 62 % fue decidido a favor de los usuarios, lo que refleja una alta proporción de casos en los que se validaron los reclamos presentados ante el organismo regulador.
Entre las principales causas de las reclamaciones figuran los consumos no reconocidos, que representaron el 29 %.
Le siguen las transferencias erróneas con un 12 %, las transferencias no reconocidas a terceros con un 9 %, los retiros de efectivo no reconocidos con un 7 % y los casos de efectivo cargado pero no dispensado, con un 6 %.
La SB indicó que, desde agosto de 2020 hasta marzo de 2026, ha ordenado la devolución acumulada de RD$728.3 millones a favor de usuarios del sistema financiero.
Este comportamiento se vincula con el fortalecimiento de los canales de atención y el acceso a mecanismos de reclamación más ágiles, lo que ha incrementado la capacidad de respuesta ante conflictos entre clientes y entidades bancarias.
En cuanto al proceso, la entidad reiteró que los usuarios deben presentar primero su reclamación ante la institución financiera correspondiente.
Si la respuesta no resulta satisfactoria, pueden acudir a ProUsuario con la documentación que evidencie el caso, incluyendo identificación personal y datos de contacto, para dar continuidad al trámite.
La Superintendencia de Bancos destacó que ProUsuario dispone de múltiples vías de acceso, tanto presenciales como digitales, para facilitar consultas, quejas y reclamaciones.
Estas herramientas buscan garantizar mayor protección a los clientes y contribuir a la transparencia en la prestación de servicios financieros en el país.
