El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ordenó el cese inmediato de las operaciones de la empresa Worldcoin Foundation por las “cláusulas abusivas” que establecen en los contratos de adhesión a los ciudadanos que se han acercado a la misma con la finalidad de ofrecer sus datos biométricos a cambio de criptomonedas.
Pro Consumidor indicó que la suspensión de las actividades comerciales de esa empresa se mantendrá hasta que se procesen los levantamientos de operaciones e investigaciones que se le están realizando, a través de la documentación depositada en la institución, con el fin de verificar la integridad de sus objetivos comerciales.
La entidad defensora de los derechos de los consumidores explicó que el director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, junto con el Departamento Jurídico, realizó un análisis conjunto mediante el cual se verificó que los contratos de la referida empresa no se ajustan a los preceptos legales establecidos en la Ley 358-05 y las Resoluciones números 01-2009 y 008-2002, que regulan el proceso de análisis y registro de los contratos de adhesión en la República Dominicana, y que, además, transgreden la Ley 172-13 sobre la protección de datos personales.
Pro Consumidor informó que notificó la decisión mediante acto número 1840-24, de fecha 14 de noviembre de 2024, a través del alguacil ordinario Wilton David Grullón, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.
Resaltó que los hallazgos en los contratos objeto de análisis que pudieran presentar violaciones a las normativas citadas, en los términos y condiciones de Worldcoin Foundation, “es menester detallar el objeto de contrato, la información del proveedor, domicilio social en el país, al igual que el tipo de servicio que ofrece con el fin de honrar de esta forma el derecho a la información consagrado en los artículos 33, literal c, y 84 de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario”.
Además, señaló que Worldcoin Foundation no establece un domicilio social en la República Dominicana, “y por tanto la ausencia de esta información afecta el derecho de los consumidores para ejercer y presentar reclamos o solicitudes de información de manera accesible, vulnerando así el principio de relación transparente y clara con el proveedor”.
Sostuvo que es función del Estado proteger y garantizar efectiva y eficientemente el goce de las prerrogativas constitucionales, con el auxilio de medidas administrativas y disposiciones legales adecuadas, en busca de proteger los intereses económicos de las personas consumidoras.
Según han informado algunos medios de comunicación, la empresa no tiene centros de operaciones estáticos en el país; sin embargo, se han registrado aproximadamente 7,478 usuarios que aprobaron la captura de sus iris.
Explican que los datos biométricos se obtienen acercándose a una bola esférica donde se escanea el iris y esto proporciona un identificador mediante el cual se obtienen “coins” que pueden ser cambiados o convertidos a pesos dominicanos y de acuerdo con las publicaciones, estos representan un monto inicial de RD$6,000.
