El primer ministro haitiano, Ariel Henry, está «muy preocupado» por las deportaciones que están teniendo lugar en la República Dominicana.
Esto de acuerdo con una información publicada por la agencia de noticias Reuters.
El medio atribuye las declaraciones a Jean-Junior Joseph, asesor especial y vocero de la oficina del primer ministro.
«Esperamos que se respeten los derechos de nuestros cuidados», se lee una frase atribuida a Joseph.
Desde el lunes pasado las autoridades dominicanas intensificaron los operativos de interdicción para limitar la inmigración irregular en el país, sobre todo de inmigrantes haitianos, como anunció el presidente Luis Abinader.
La reacción estatal llega luego de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidiera a las autoridades detener las deportaciones de haitianos porque en su país no tienen garantía de un regreso seguro ni digno.
Abinader calificó los comentarios de Türk como «inaceptables e irresponsables», ya que la República Dominicana es el país que ha llevado la mayor carga con Haití, incluso afectado su economía.
Gobierno RD
Por lo tanto, Luis Abinader señaló que las deportaciones seguirán y se incrementarán.
Los operativos de deportaciones se criticaron por el excanciller haitiano Claude Joseph.
Ayer dirigió una carta a Türk denunciando una supuesta «caza colectiva» que se comete contra haitianos en la República Dominicana.
«Cada día, cientos de haitianos son rastreados sistemáticamente, arrestados ilegalmente, detenidos arbitrariamente y devueltos salvajemente a puntos oficiales y no oficiales», aseguró.
Abinader también emitió la semana pasada un decreto en el que pidió la creación de una unidad que perseguirá a los nacionales y extranjeros que ocupen terrenos públicos o privados.
Los extranjeros se deportarán y jamás pisarán suelo dominicano.
Una veintena de organizaciones condenaron las deportaciones masivas y el reciente decreto 668-22.
Afirmaron que se está ante una “campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno”.
Sobre el decreto, consideraron que se trata de un documento fundamentalmente político, “que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas”.
“La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales”, agregaron.
