El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció que un juez penal y el Ministerio Público, ambos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos por supuestos actos de corrupción, estarían intentando perpetrar un golpe de Estado en su contra.
Acompañado por su gabinete completo y los diputados electos por su partido, el Movimiento Semilla, el presidente señaló en un mensaje en cadena nacional que «es hora de defender la democracia» sin «titubeos».
El pronunciamiento se produjo luego de que el juez penal Fredy Orellana intentara, el pasado viernes y en repetidas ocasiones anteriores, suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral la anulación de los resultados de las elecciones de 2023, así como declarar vacante la presidencia.
En su dictamen, Orellana sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral debía suspender al partido —aunque ya se encuentra suspendido en el Congreso desde 2023— y, en consecuencia, declarar nula la presidencia de Arévalo de León.
Al respecto, el presidente explicó que «en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad».
El mandatario describió a Orellana como un «sicario que tergiversa las leyes al servicio» de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quienes en los últimos años han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos casos de corrupción.
«Porras, Orellana y sus demás patéticos conspiradores han creado un contexto de terror para abrirse camino y hundir a nuestro país. Y lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia», puntualizó Arévalo, recordando que se encuentran en prisión los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, además del periodista José Rubén Zamora.
«El objetivo de Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad de los ladrones del dinero de todos (los guatemaltecos). La impunidad de los narcotraficantes, de los pandilleros y de sus aliados políticos», aseveró el gobernante, en referencia a una «alianza criminal» que capturó hace algunos años «las instituciones del Estado, empezando por el Ministerio Público y algunos jueces».
