El periodista Guillermo Gómez salió este jueves en defensa de su hijo José (Jochi) Gómez Canaán, uno de los propietarios de la empresa Transcore Latam, y acusó al director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso de estar detrás del apresamiento.
A través de una llamada telefónica en el programa Hoy Mismo, el comunicado afirmó que la detención contra Jochi fue ordenada el viernes, pero “no lo habían detenido y Soto insistía, ¿qué esperan para detenerlo? También buscando jueces que lo condenen”.
“Yo voy a defender a mi hijo Jochi. Y lo otro es Hugo Beras, el que era director del Intrant, sale a dar sus declaraciones, no le gustó, también detenido. Pero eso no fue detenido, ordenado hoy, no, eso fue ordenado hace tiempo. El viernes ya esa orden había estado”, precisó.
Además, Gómez explicó que, durante el gobierno de Danilo Medina, su hijo recibió un contrato para proporcionar seguridad en las fronteras, combatir el narcotráfico y colaborar con las Fuerzas Armadas.
“Yo voy a explicar cuáles son las verdaderas razones y las que se ocultan; desde cuándo ha venido la confrontación en temas de seguridad nacional, de alta tecnología, ¿por qué el gobierno de Danilo Medina Sánchez le dio un contrato de seguridad (a Jochi)? ¿para qué? ¿Por qué a una empresa privada le dan un contrato de esa naturaleza que yo no conocía hasta después que llegamos al poder político”, indicó.
El periodista sostuvo que «si mi hijo Jochy ha violado una ley, ha violado algo, tiene que responder como dice él ante la justicia y defenderse. Quiero agregar lo siguiente: pueblo dominicano tienen que darse cuenta que aquí hay unos celos en una comunidad de inteligencia».
Detención
Jochi Gómez Canaán fue detenido la tarde del miércoles 2 de octubre, después de ser interrogado durante más de cuatro horas en la oficina de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
La detención de Gómez está relacionada con la empresa que gestionó la red semafórica del Gran Santo Domingo, la cual tenía un contrato con el Intrant que fue anulado debido a «graves irregularidades» encontradas en el proceso de adjudicación.
Canaán es uno de los propietarios de Transcore Latam, la compañía que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público a petición de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que detectó indicios de actividades ilegales, como la falsificación de documentos, una estructura accionaria confusa, movimientos sospechosos entre los accionistas y irregularidades en el proceso de contratación que permitió a la empresa recibir adjudicaciones por más de 1,300 millones de pesos en junio de 2023.
