El presidente Luis Abinader encabezó la firma de un acuerdo entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), orientado al fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.
El convenio busca desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica, revisión normativa y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil.
El acuerdo fue suscrito por el mandatario y el presidente de Finjus, Rafael del Toro Gómez. Como testigos firmaron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
La iniciativa establece un marco de cooperación interinstitucional para promover reformas legales, estudios técnicos y propuestas dirigidas al fortalecimiento democrático del país.
Durante el acto, Abinader afirmó que su gobierno valora el papel de una sociedad civil activa, crítica y comprometida, destacando que la participación ciudadana fortalece la democracia.
El mandatario sostuvo que las mejores decisiones públicas nacen del diálogo y la pluralidad, al tiempo que reiteró el compromiso de su gestión con la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia del Ministerio Público.
El jefe de Estado señaló que la seguridad jurídica es fundamental para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar estabilidad económica.
Asimismo, indicó que el fortalecimiento institucional requiere instituciones sólidas, leyes legítimas y ciudadanos comprometidos con el interés general. También destacó el rol desempeñado por Finjus durante décadas en favor del Estado de derecho y la institucionalidad democrática.
De su lado, Rafael del Toro Gómez expresó que este convenio refuerza el compromiso de Finjus con la trayectoria de cambios institucionales impulsados en el país.
Manifestó además la disposición de la entidad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para fortalecer el marco jurídico y democrático nacional mediante el diálogo, el análisis técnico y la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.
El convenio tendrá una vigencia de dos años y contempla la elaboración y revisión de anteproyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos.
Además, incluye la realización de capacitaciones, conferencias, estudios técnicos y espacios de consulta con juristas, organizaciones sociales y ciudadanos, como parte de las acciones dirigidas a consolidar el fortalecimiento institucional y la efectividad de las propuestas legales.
