Lianna Medina -La dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó a la jueza Altagracia Ramírez concederles el criterio de oportunidad a personas que figuran como “testigos clave” en el caso Calamar y que colaborarán con la acusación.
La jueza Ramírez fijó la audiencia para el miércoles 29 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
En la instancia figuran Ramón Emilio Jiménez Collie “Mimilo”, José Arturo Ureña Pérez, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Víctor Matías Encarnación Montero, Natalia Cesarina Beltré Torres y Belkis Antonia Tejeda y la entidad comercial Grupo DIFEBE.
El Ministerio Público solicitó que todo lo decomisado a estos procesados sea en favor del Estado dominicano y del equipo de recuperación, excluyendo así a las víctimas querellantes que tienen casi tres años en este proceso.
El juicio preliminar en contra de los ex ministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y los demás implicados en el caso Calamar, está pautado para el 17 de junio a las 9:00 de la mañana.
Testigos Clave
Mimilo, identificado como el conocedor de toda la estructura pública y privada dedicada al fraude por expropiaciones, compra de terrenos y juegos de azar. Además de ser el contacto directo entre los funcionarios y miembros del sector privado participantes en la organización criminal.
Ventura Rodriguez, figura como contratista estatal, es señalado por haber entregado a los principales imputados en el caso Calamar la suma de RD$1,231,993,188.00 vinculados a pagos por mediciones adulteradas, volúmenes ficticios y fechas ante alteradas.
Encarnación Montero, Ex director técnico de la OISOE, identificado como el individuo involucrado en las actividades descritas en la acusación, supuestamente recibió directrices de Francisco Pagán Rodríguez para hacer todo lo posible con el fin de efectuar los pagos pendientes que el ingeniero Ventura Rodríguez debía recibir.
El testimonio de Ureña Pérez es crucial para el Ministerio Público, ya que intenta demostrar como el tramado corrupto manipuló los pagos por expropiación de terrenos y adquisiciones ilegítimas de tierras, utilizando métodos de deudas administrativas a través del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio Público también busca evidenciar la implicación de Beltré Torres, así como las actividades de Belkiz Tejada, quien ocupaba el cargo de directora jurídica en la Dirección General de Bienes Nacionales, en el proceso de legitimación de fondos obtenidos de actos de corrupción administrativa.
