Este jueves inicia en Badajoz el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
El proceso investiga presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.
El caso, incluye a 11 investigados, 42 testigos y varias jornadas de audiencias en la Audiencia de Badajoz.
El tribunal está integrado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.
Los jueces deberán analizar el proceso mediante el cual David Sánchez fue contratado entre finales de 2016 y principios de 2017 como coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, así como el posterior cambio de denominación de ese cargo a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
La investigación también abarca la contratación de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la diputación.
Además de David Sánchez y del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, figuran como investigados exdiputados provinciales, exdirectores del área de Cultura y funcionarios vinculados al proceso administrativo.
La jueza Beatriz Biedma dirigió la instrucción del caso, que se extendió durante casi doce meses y revisó un período de nueve años y medio.
Según el expediente judicial, los investigados enfrentan acusaciones por presunto tráfico de influencias y prevaricación administrativa, con solicitudes de penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación para algunos de los implicados.
Entre los testigos citados figuran nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en las pesquisas, además de exdirectores de conservatorios, técnicos, funcionarios y personas que aspiraron al puesto ocupado por David Sánchez.
Durante la investigación se revisaron decenas de miles de correos electrónicos relacionados con los acusados y con la estructura administrativa de la diputación.
El inicio del juicio coincide con un contexto político marcado por nuevas investigaciones en España.
Un día antes de la apertura del proceso, la Audiencia Nacional ordenó requerir documentación y archivos electrónicos al PSOE dentro de otra investigación relacionada con una presunta trama para influir en procedimientos judiciales vinculados al partido y al Gobierno español.
