Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó el cierre de seis emisoras, 25 revendedores de internet y un canal de televisión que operaban de manera ilegal.
Las clausuras se produjeron desde octubre de 2021 hasta la fecha.
El Indotel reportó que los cierres se realizaron en Cotuí, Miches, La Vega, Boca Chica, Sánchez y Maimón.
Al tiempo que reiteró la suspensión de la expedición de autorizaciones para operar nuevas emisoras en el país.
El pasado 12 de abril fueron realizados 10 operativos de clausura e incautación provisional a empresas que se dedicaban a la reventa de internet de manera ilegal en San Felipe de Puerto Plata.
Esto constituye la mayor cantidad de operativos realizados en un día por parte del Indotel, destacó la entidad.
El presidente del Indotel, Nelson Arroyo, dijo que esta gestión «se ha empeñado en profundizar su lucha contra las emisoras ilegales».
Precisó que la institución continuará estos operativos de cierres de estaciones que operen sin autorización legal, en violación a la Ley 153-98.
La ley otorga amplios poderes de control y fiscalización de las telecomunicaciones, así como las normas y reglamentos que regulan el uso del espectro radioeléctrico en el país.
Revendedores de internet
Se recuerda que el Indotel informó que, al mes de marzo de este año, autorizaron la inscripción en Registro Especial para la reventa de servicios de acceso a internet de 76 empresas solicitantes.
Además, se formalizó la clausura de 31 revendedores ilegales identificados en el territorio nacional.
De acuerdo a un comunicado de prensa, entre las provincias, donde se encontraron revendedores ilegales, figuran Sánchez Ramírez, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Santo Domingo, Puerto Plata, La Vega, El Seibo, Valverde y Espaillat.
Indotel señaló que la reventa ilegal de internet no solamente implica el incumplimiento al régimen de autorizaciones vigente para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, sino que también afecta directamente los derechos de los usuarios al comprometer los estándares de calidad que reconoce la normativa.
