Estados Unidos asegura haber destruido más de treinta embarcaciones y provocado al menos cien muertes, además de una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico.
El gobierno del presidente Donald Trump, que califica a los cárteles de droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y ha declarado un «conflicto armado directo» contra ellos, respalda las operaciones militares letales de las tropas estadounidenses en aguas internacionales.
En agosto, ordenó el envío de buques militares al Caribe, con Venezuela como principal objetivo, y posteriormente amplió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y a rutas marítimas cercanas a su costa.
Los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Gustavo Petro en Colombia —a quienes Trump ha acusado de tener vínculos con el narcotráfico— han condenado estos ataques, calificándolos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, la ONU ha señalado que estas acciones podrían constituir violaciones al derecho internacional y ha instado a Estados Unidos a detenerlas.
La intensificación de los ataques ocurre mientras el Congreso estadounidense aumenta su supervisión sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente después del bombardeo del 2 de septiembre, en el que fueron asesinados dos sobrevivientes, un hecho que expertos consideran un posible crimen.
