La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la creación de una línea telefónica destinada a recibir denuncias de extorsión presuntamente cometidas por funcionarios policiales, fiscales o jueces.
La medida fue presentada durante el inicio de la consulta nacional para la reforma de la justicia penal, proceso impulsado por las autoridades venezolanas para evaluar cambios en el sistema judicial.
La nueva plataforma, denominada 0800-Extorsión, fue creada con el propósito de que los ciudadanos puedan reportar irregularidades y contribuir a combatir prácticas vinculadas a sobornos y extorsiones dentro de las instituciones públicas.
Rodríguez afirmó que la iniciativa busca proteger la imagen de los funcionarios que ejercen sus funciones de manera honesta y fortalecer la confianza de la población en el sistema de justicia.
Durante su intervención, la mandataria hizo un llamado a la colaboración de la ciudadanía y de los organismos de seguridad para enfrentar este problema.
Asimismo, sostuvo que el país necesita un sistema judicial que responda a las exigencias éticas y morales de la sociedad, al tiempo que reiteró su intención de erradicar las prácticas de extorsión denunciadas por diversos sectores.
La presentación de la línea telefónica coincidió con el inicio de la consulta nacional para la reforma de la justicia penal en Venezuela.
El proceso contempla la discusión de temas como el retardo procesal, el acceso a la justicia, la ética judicial y la independencia del Poder Judicial, entre otros aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema.
Según informó el fiscal general Larry Devoe, la consulta incluirá mecanismos para recoger opiniones de comunidades organizadas, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, trabajadores, jóvenes, mujeres e integrantes de pueblos indígenas.
Además, se desarrollarán consultas específicas con actores vinculados directamente al sistema de justicia penal para evaluar procedimientos y prácticas institucionales.
Las autoridades venezolanas han señalado que entre los principales desafíos identificados en un diagnóstico preliminar figuran el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.
La consulta nacional busca recopilar propuestas que permitan impulsar cambios en el sistema de justicia y mejorar su funcionamiento en distintas áreas.
