Por: Leanlly Pérez- La Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU) manifestó preocupaciones sobre el anteproyecto de ley que busca modificar las leyes 66-97, de Educación, y 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de integrar los Ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Según la ADRU, una de las principales falencias del anteproyecto es que no establece disposiciones claras sobre el financiamiento de la educación superior, un aspecto crucial que está claramente definido en la ley vigente de Educación Superior (139-01), la cual especifica la inversión pública destinada a este sector.
La ADRU destaca que el desarrollo del sistema universitario, la investigación y la ciencia requieren compromisos firmes y sostenidos en materia de financiamiento, que permitan tanto el desarrollo del capital humano como la creación de innovaciones que contribuyan a la competitividad y al crecimiento económico del país.
En este sentido, la organización considera fundamental que se determine un porcentaje mínimo del presupuesto estatal que se destine a la financiación de la educación superior, tomando como base la inversión actual.
Asimismo, la ADRU señala que también debe asignarse una cantidad específica al sistema de ciencia, tecnología e innovación, áreas esenciales para el progreso del país.
El informe de la ADRU también hace énfasis en la importancia de que la nueva ley contemple disposiciones generales relacionadas con la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencias Naturales, Sociales y Humanísticas, así como el Fondo Nacional de Investigación en Ciencias, Tecnología y Humanidades (Fondocyth), instando a la actualización de los reglamentos que regulan estas áreas.
La ADRU subraya que la función sustantiva de investigación debe seguir siendo financiada por el Ministerio de Educación, pero también considera necesario complementarla con otros mecanismos e instancias dedicadas a fomentar la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación en el país.
Además, la ADRU señala que el anteproyecto de ley plantea aspectos que limitan la autonomía de las universidades dominicanas, un principio fundamental en la educación superior.
Según la organización, el anteproyecto introduce disposiciones relacionadas con la gobernanza y las políticas institucionales que restringen dicha autonomía, sin reconocer la diversidad de las instituciones que componen el sistema universitario dominicano.
La ADRU considera que esta centralización de poder podría afectar negativamente el desarrollo académico y administrativo de las universidades, las cuales deberían mantener su capacidad de autogobernarse y adaptar sus políticas a las necesidades particulares de sus comunidades educativas.
