El pago contratistas dio un paso hacia su implementación con la aprobación del protocolo para aplicar la Ley 16-26, durante la primera sesión de trabajo de la Comisión de Revisión creada por esa normativa.
La medida busca establecer el procedimiento que permitirá avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas del Estado a contratistas que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.
La comisión está integrada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Durante la reunión, los miembros aprobaron decisiones orientadas a definir el marco operativo para la aplicación de la ley y avanzar en el proceso de revisión de las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, bajo criterios de transparencia.
El protocolo aprobado establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán la revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, documento que será de conocimiento público.
Según la comisión, estas disposiciones permitirán desarrollar el proceso con reglas claras, uniformes y ágiles, preservando la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.
Asimismo, el pago contratistas será respaldado mediante la remisión del protocolo a los veedores y a las instituciones comprendidas en la Ley 16-26, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de los procedimientos, así como la supervisión y la rendición de cuentas previstas en la normativa.
La comisión reiteró que uno de sus objetivos prioritarios es avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación de la ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para iniciar el proceso de pago de las deudas reconocidas.
Además, informó que tendrán prioridad los expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la legislación, ya se encontraban en proceso de revisión en la Contraloría General de la República.
La Ley 16-26 impacta a contratistas que ejecutaron obras para instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y otras entidades públicas.
La comisión reafirmó que continuará trabajando junto a los órganos de control y los veedores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y fortalecer la confianza en la administración pública.
