El Ministerio Público reiteró que está preparado para la audiencia preliminar, aplazada en al menos 19 ocasiones, del proceso por corrupción administrativa seguido contra los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros implicados, acusados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de los contribuyentes.
Los fiscales Melbin Romero y Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución, junto a Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recordaron que la primera audiencia del expediente derivado de la Operación Calamar fue fijada para el 17 de junio de 2024.
Desde el 26 de agosto de 2024, la audiencia preliminar ha sido pospuesta en alrededor de 19 ocasiones, debido a recusaciones, licencias por razones de salud, desgloses de imputados y, en otros casos, por falta de notificación.
“La posición del Ministerio Público es que siempre hemos estado disponible para conocer la audiencia, sin embargo, diferentes partes de las defensas de este caso de Operación Calamar se han dedicado a la tarea de utilizar licencias médicas como instrumento dilatorio para que no se conozca”, dijo el fiscal Romero.
En respuestas a periodistas que cubren el proceso, Romero indicó que ayer, cuando estaba pautado el inicio de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el imputado Juan Tomás Polanco Céspedes, presentó un certificado médico con licencia de cinco días.
La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 4 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
El órgano acusador sostiene que los imputados desarrollan una estrategia con el interés de evitar que se conozca el proceso judicial y que los tribunales dicten las sanciones que espera la sociedad dominicana.
Según la acusación derivada de la Operación Calamar, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
