Al menos 1,520 personas fueron asesinadas y otras 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año en Haití, especialmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, en hechos atribuidos principalmente a bandas criminales.
Así lo reveló un informe divulgado este viernes por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), que calificó la situación de los derechos humanos en el país como «extremadamente preocupante».
Estos ataques «siguen provocando graves violaciones de los derechos humanos y agravando una crisis humanitaria ya de por sí extrema, lo que provoca desplazamientos masivos de población con consecuencias dramáticas, especialmente para las mujeres y los niños», dijo Ulrika Richardson, jefa interina de la Binuh y coordinadora residente y humanitaria de las Naciones Unidas.
Las bandas criminales han expandido e intensificado sus operaciones más allá de Puerto Príncipe, especialmente en el departamento del Centro y en la región del Bajo Artibonite.
El informe señala que, aunque se ha registrado una leve desaceleración en el avance de estos grupos dentro de la capital, la situación continúa siendo muy inestable en algunos municipios, como Kenscoff.
El informe también registra al menos 185 secuestros y 628 casos de violencia sexual ocurridos entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025.
Asimismo, indica que se han documentado situaciones de esclavitud y explotación sexual, trata de personas y abuso infantil.
Según el documento, los grupos criminales continúan utilizando asesinatos, violaciones múltiples y secuestros como métodos para mantener el control sobre las comunidades en las zonas que dominan.
Además, establece que el 64 % de las muertes y lesiones se produjeron durante operativos de las fuerzas de seguridad contra estos grupos, y más de un tercio de los casos estuvieron relacionados con ataques mediante drones explosivos.
En el informe, la oficina de la ONU hace un llamado al Gobierno de Haití, con respaldo de la comunidad internacional, a intensificar los esfuerzos contra las bandas criminales y a garantizar el estricto respeto de los derechos humanos y las normativas relacionadas con el uso de la fuerza.
