Luego de dos años el edificio del defensor del pueblo no ha concluido su construcción. El 21 de febrero del 2020, la entonces Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila, dieron el primer picazo.
La pasada gestión del Defensor del Pueblo entregó al PNUD recibió unos 6 millones de dólares que serían destinados, además de la ejecución de esa obra.
A la adquisición de locales para oficinas regionales que serían puestas en servicios.
El proyecto estaba previsto a ser concluido en diciembre del 2021.
Mientras se retrasa el trabajo contratado con el PNUD, el órgano responsable de salvaguardar los derechos fundamentales.
Sigue funcionando en locales alquilados en una plaza comercial del Distrito Nacional.
Y sin estar dando servicios a través de las oficinas que serían habilitadas mediante acuerdo con el PNUD.
En el convenio se estableció que los fondos del financiamiento del proyecto provienen del Defensor del Pueblo.
Del cual la administración de estos recursos económicos estarían a cargo del PNUD.
La sede del Defensor
La sede del Defensor del Pueblo se construye en unos terrenos adquiridos por el órgano con sus propios recursos.
Ubicados en la avenida 27 de Febrero número 256, sector Los Restauradores, del Distrito Nacional.
En la enmienda número 2 del proyecto se precisa que los terrenos fueron adquiridos por el Defensor del Pueblo en el 2015.
“los fines de construir una sede adecuada a las necesidades operativas e institucionales del órgano constitucional”.
“La actual sede es alquilada y físicamente impide la expansión de las direcciones y departamentos previstos en el organigrama aprobado por el Ministerio de Administración de Personal”.
Se tomó en cuenta la necesidad del órgano de contar con unas instalaciones renovadas que se ajusten a su volumen de trabajo.
También al incremento de los reclamos de servicios por parte de los ciudadanos.
Se explica que el Defensor del Pueblo solicitó a PNUD su apoyo en las actividades objeto del proyecto para de este modo canalizar los recursos dedicados a la construcción.
El remozamiento de los edificios, garantizando la total transparencia en la gestión de los fondos.
Asegurar la mejor consecución posible de los resultados esperados, en términos de eficacia y eficiencia.
“El Defensor del Pueblo confía en el prestigio y profesionalidad del PNUD que garantizará el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos”, se resalta en el convenio.
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