El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) dispuso la suspensión de la firma y certificación de contratos de las empresas denunciadas por posibles indicios de irregularidades en su participación en el reciente proceso de licitación de utilería escolar para los próximos años lectivos.
Durante una rueda de prensa, el director ejecutivo del Inabie, Víctor Castro, acompañado del Comité de Compras de la institución, también informó que solicitó el acompañamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) para que puedan establecer, dentro de sus competencias, si hubo prácticas contrarias a la Ley de Compras, la libre competencia y/o colusión en la contratación de las empresas.
“Como director ejecutivo de la institución, agradecemos los esfuerzos realizados por El Informe con Alicia Ortega en la investigación realizada. Por eso también estamos anunciando la suspensión de los peritos actuantes en estos procesos, quienes nos refieren los insumos sobre los cuales el Comité hace sus ponderaciones”, indicó Castro.
El funcionario destacó que, en el proceso reciente en el que están involucradas las empresas denunciadas, no se ha desembolsado ningún fondo para la confección de utilería.
Amplia investigación
Los oferentes mencionados en El Informe con Alicia Ortega, donde se revelaron las supuestas irregularidades, participaron en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-008 (polo y pantalón), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochila) e INABIE-CCC-LPN-2024-012 (zapatos escolares).
Además de estos, en la carta enviada a los órganos rectores mencionados, el Inabie presentó una lista de empresas adjudicadas con el fin de que se incluyan en la investigación por si existieran indicios de irregularidades y se determinen las posibles sanciones correspondientes.
Castro destacó que no es la primera vez que la institución toma este tipo de decisiones, ya que “desde 2022 implementamos en los procesos la debida diligencia a fin de evitar que prácticas indebidas permeen la gestión que encabezamos frente al Inabie”.
En este sentido, la institución ha suspendido a alrededor de 50 empresas tras diversos hallazgos en los procesos del Programa de Alimentación Escolar.
En cuanto a la denuncia actual, Castro reiteró que previamente había remitido un total de 9 empresas de utilería escolar a Pro-Competencia en febrero de 2025, debido a indicios de prácticas anticompetitivas.
Además, a otras 5 compañías se les solicitó, durante el mismo mes, la inhabilitación definitiva o por cinco años de sus registros como proveedores del Estado (RPE) mediante una comunicación enviada a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por falsedad y adulteración de documentos.
Asimismo, el Inabie envió una comunicación al Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) el pasado 28 de marzo para que validara las certificaciones presentadas por todos los oferentes del proceso de utilería escolar.
Medidas contra la importación
A su vez, ante indicios de la importación de polos y pantalones, el director ejecutivo informó que, en una visita realizada a la Dirección General de Aduanas (DGA), solicitó poner especial atención a la mercancía de polos y pantalones provenientes del exterior, dado que la indumentaria para la comunidad estudiantil debe ser exclusivamente de producción local, con excepción de los calzados.
Posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, emitió una comunicación formalizando la solicitud.
“Como gestión hemos dado todo el respaldo a la industria nacional y no descansaremos en esto. Somos abanderados de que cada insumo que se entregue a los estudiantes sea hecho por manos dominicanas en línea con las medidas de este gobierno”, indicó Castro.
