Venezuela rechazó la declaración promovida este jueves por Estados Unidos y Argentina, a la que se adhirieron alrededor de treinta delegaciones internacionales, que solicitan una solución a la crisis que atraviesa el país caribeño tras las elecciones de julio.
En un comunicado, el Gobierno venezolano declaró que esa declaración conjunta, firmada por un grupo de “gobiernos satélites” de Estados Unidos para atacar al pueblo venezolano, es simplemente “un acumulado de infamias, distorsiones y aspiraciones golpistas, cuyo epílogo será, como siempre, un estrepitoso fracaso”.
El Ejecutivo venezolano sostiene que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y sus «países lacayos» buscan «invocar la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano mientras lo agreden» mediante «medidas coercitivas ilegales y planifican acciones terroristas para ignorar su voluntad democrática».
«Ya en Venezuela se pronunció el Consejo Nacional Electoral y su resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia», indicó Caracas, haciendo referencia a un fallo que validó la reelección de Maduro, proclamada por el organismo electoral con base en unos resultados que, después de casi dos meses de las elecciones presidenciales, todavía no se conocen de manera desagregada.
Mientras tanto, la principal fuerza opositora, conocida como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio. Para respaldar su afirmación, publicaron en un sitio web el «83,5 % de las actas» que afirman haber recopilado el día de las elecciones, gracias a testigos y miembros de las mesas electorales.
Según la declaración conjunta, es «el momento para que los líderes venezolanos comiencen unas discusiones constructivas e inclusivas de cara a una transición con garantías para ambas partes y solucionar así este impasse político y restablecer pacíficamente las instituciones democráticas».
En el documento, firmado en Nueva York durante la semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas, también se solicita al régimen chavista que cese el «uso excesivo de la fuerza, de la violencia política y del acoso contra la oposición y la sociedad civil».
Las 32 delegaciones que firmaron el texto son Argentina, Australia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Chile, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, la Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
