El Ministerio Público desmanteló una red criminal que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual, incluyendo mujeres adultas y adolescentes de diferentes nacionalidades, en la zona turística Verón, Punta Cana.
Por el hecho, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de La Altagracia solicitaron al Juzgado de Atención Permanente de esta provincia la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra tres ciudadanos dominicanos y un haitiano.
Los imputados son Domingo Lorenzo Santana (Wellington), presunto cabecilla de la organización; Reyna Julissa Solano Monción, administradora; Richard de la Cruz Camacho (Danny, el Pa y/o Paz), y el ciudadano haitiano Berlin Erisme (Obama).
Contra el grupo se ejecutaron órdenes arrestos y fueron sometidos a la justicia, procediendo la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia a fijar la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este viernes 30 de agosto.
Los arrestos se ejecutaron en un negocio que utilizaba una fachada de residencia familiar, el cual estaba destinado al turismo sexual, ya que la mayoría que acudían al mismo eran turistas, el cual fue intervenido, siendo rescatadas 20 víctimas.
El Ministerio Público y la Policía Nacional trabajaron de manera conjunta en el desmantelamiento de la red.
En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que las víctimas, entre ellas dominicanas haitianas, venezolanas y colombianas, eran explotadas sexualmente por los miembros de la red, quienes cobraban por cada servicio sexual que estas ofrecían sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.
La instancia con la solicitud de medida coerción señala que la red se encargaba de captar jóvenes adolescentes en las diferentes localidades del país, principalmente en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y La Romana, entre otras localidades, las cuales luego eran trasladadas a la citada zona turística, donde eran explotadas sexualmente en el establecimiento propiedad de Santana, el cual era administrado por Solano Monción, quien también ejercía como cajera.
Asimismo, detalla que los demás imputados realizaban diferentes funciones dentro de la red criminal.
El Ministerio Público indicó que durante las pesquisas han sido obtenidas diferentes evidencias, como documentos, recibos, pagos de salidas, pagos de servicios sexuales VIP, dinero en efectivo (pesos dominicanos y dólares americanos) y otras relacionadas con el hecho punible que se investiga.
El Ministerio Público sustentó la solicitud de imposición de prisión preventiva con cerca de trescientas pruebas y ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos letras A, I, artículo 3, 6, 7, letra E, de la Ley 137-03, que sancionan la trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, y proxenetismo, contenido en los artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano, así como lavado de activos en violación a la Ley 155-17.
