El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que el órgano persecutor no descarta una segunda fase de la Operación Lobo, dirigida contra una red de corrupción acusada de distribuir sobornos para obtener contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
“Es más de lo que hemos presentado en el día de hoy y nosotros, y eso se lo puede asegurar desde aquí, vamos a ir por todos y no descartamos la realización de un Lobo 2.0”, afirmó Camacho tras la decisión del juez Rigoberto Sena de imponer arresto domiciliario a los diez implicados en el caso.
Durante sus declaraciones a la prensa, el procurador adjunto destacó la solidez del proceso derivado de la Operación Lobo, subrayando que todos los imputados, civiles, militares activos y retirados, fueron privados de libertad y que el caso fue declarado complejo.
Sin embargo, Camacho expresó su inconformidad con el Poder Judicial por la forma en que se han manejado los acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados.
“Desde el Poder Judicial se predica en la teoría, en el discurso, la necesidad de que haya más acuerdos en el proceso penal, pero, desde la práctica se envían decisiones contradictorias y que desincentivan la realización de acuerdos”, expresó.
Imputados
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario como medida de coerción a los diez imputados en la Operación Lobo.
Durante la audiencia, cinco de los imputados admitieron su implicación en los hechos, lo que motivó al Ministerio Público a cambiar su solicitud original de prisión preventiva por la imposición de medidas menos rigurosas.
Los imputados que admitieron los hechos son el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, el coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos.
En tanto, los cinco imputados que no admitieron los hechos son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, el coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández, el coronel del Ejército Elías Camaño Pérez y el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Según el expediente acusatorio, estos formaban parte de una estructura criminal que impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEnste y Edesur.
