Un juez federal ordenó este jueves a la administración del presidente Donald Trump facilitar que decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, regresen a Estados Unidos para continuar sus procesos de inmigración, si así lo desean.
La decisión judicial constituye un importante revés para la política de deportaciones masivas impulsada por el mandatario estadounidense.
El juez James Boasberg instruyó al gobierno de EE.UU. a permitir la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que, desde marzo de 2025, estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).
Boasberg, quien ha recibido críticas de Trump, subrayó en su fallo que “esta situación nunca se habría presentado” si el Gobierno hubiera reconocido previamente los derechos constitucionales de los demandantes antes de deportarlos inicialmente.
Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes opten por regresar.
La orden especifica que los venezolanos que sean elegibles para volver a EE.UU. serán puestos bajo custodia al llegar al país, después de que en julio pasado fueran enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos gobiernos.
En diciembre pasado, Boasberg ya había determinado que el gobierno de Trump había negado el debido proceso a este grupo de venezolanos y que debía otorgarles la oportunidad de participar en una audiencia.
El magistrado también autorizó una demanda colectiva, lo que facilita que todos los migrantes enviados al CECOT puedan impugnar su designación como enemigos extranjeros de EE. UU.
Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, vigente en tiempos de guerra, para enviar a los inmigrantes a El Salvador, acusándolos, sin presentar pruebas, de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que Estados Unidos ha catalogado como organización terrorista.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, quienes sostuvieron que la deportación fue ilegal y que El Salvador mantuvo a los venezolanos en prisión a cambio de un pago.
Además, la Casa Blanca enfrenta otro enfrentamiento judicial relacionado con el envío de inmigrantes a El Salvador, en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado junto a los venezolanos y posteriormente retornado a EE. UU. por orden de un juez.
