Por: Leanlly Pérez- El Gobierno del presidente Donald Trump demandó a la ciudad de Los Ángeles por considerar que sus políticas de “ciudad santuario” interfieren con la aplicación de las leyes migratorias federales.
La demanda, presentada ante la Corte Federal de Distrito, argumenta que la ordenanza de Los Ángeles impide a la policía local colaborar con las autoridades de inmigración, lo que, según el Gobierno, crea un ambiente de “anarquía” e impide la deportación de inmigrantes sin autorización legal para residir en Estados Unidos.
La Casa Blanca sostiene que esta política dificulta su estrategia de redadas y deportaciones masivas, la cual se ha intensificado recientemente en el sur de California con operativos que han resultado en cientos de arrestos y protestas generalizadas.
En este contexto, el jefe de gabinete del Departamento de Justicia, Chad Mizelle, advirtió que el Gobierno federal seguirá aplicando la ley de inmigración “con o sin el apoyo” de las autoridades locales.
Por su parte, líderes de Los Ángeles, como el concejal Hugo Soto-Martínez, han defendido la política de protección a los inmigrantes y denunciaron que el objetivo de Trump es “separar familias” y utilizar a las ciudades como herramientas de su plan antiinmigrante.
El concejal aseguró que la ciudad hará todo lo posible para proteger a sus residentes y evitar colaborar con lo que considera una agenda represiva.
Las tensiones han aumentado en la ciudad, especialmente después de intensas protestas que incluyeron bloqueos de calles, enfrentamientos con la policía, arrestos masivos y actos de vandalismo.
Las manifestaciones se concentraron cerca del estadio de los Dodgers y de varios edificios gubernamentales en el centro de Los Ángeles. Durante las semanas recientes, la alcaldesa Karen Bass decretó un toque de queda temporal para contener los disturbios.
