La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso tres meses de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de registrar varias defunciones con información falsa ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
Mendoza cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.
Además, el tribunal declaró el caso de tramitación compleja y otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para preparar el acto conclusivo.
Según el expediente del Ministerio Público, Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer hechos delictivos ocurridos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, afectando los sistemas de salud y registral.
El documento señala que, con estas acciones, el imputado buscaba perjudicar a las personas que declaraba muertas, alegando supuestas deudas económicas pendientes.
Hasta el momento, se han identificado seis víctimas: en cinco de los casos completó el proceso en Salud Pública y luego en la Junta Central Electoral, mientras que en una sexta ocasión solo lo registró en el Ministerio de Salud.
El Ministerio Público explicó que los registros de defunción fueron completados por distintos médicos en pasantías, sin contar con exequátur que les habilitara para ejercer la profesión.
Indicó que el imputado empleaba la estrategia de solicitar los servicios a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
Uno de los aspectos comunes del delito es que algunas de las víctimas, personas en situación de vulnerabilidad económica, realizaban préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia. Estos beneficios consistían en un capital mensual de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinado a cubrir necesidades básicas.
“El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo”, indica el documento.
Su conducta constituye una violación al Código Penal dominicano por el uso y alteración de documentos públicos basados en información falsa. Asimismo, representa una infracción al artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, relativo a la falsedad.
El Ministerio Público indicó que, entre las maniobras empleadas por el imputado, se destaca su habilidad para simular estados de aflicción emocional y física, mostrando angustia y vulnerabilidad en momentos clave, especialmente al presentarse en centros de salud.
