El programa gubernamental de protección social Supérate informó que fueron sancionados de manera temporal los 57 beneficiarios y beneficiarias de subsidios que el pasado mes de agosto cedieron sus tarjetas a Brayan Eduardo Lorenzo, acusado de cometer delitos tecnológicos y estafa contra el Estado.
En un comunicado de prensa, Supérate precisa que esta penalidad, con duración de cuatro meses, está contenida en la tabla 14 de su Manual Operativo, donde se establecen las suspensiones aplicables en los procesos operativos que realiza de manera exclusiva la institución, como el caso en cuestión, en que la persona titular de la tarjeta cede o vende el medio de pago.
Según el Manual Operativo de Supérate, los hogares participantes que incumplan las acciones de corresponsabilidad a los servicios de salud y educación serán sancionados con la suspensión del pago de las transferencias monetarias condicionadas de Aliméntate, cuando se presente incumplimiento a los servicios de salud, por cuatro meses consecutivos, y de Avanza y Aprende cuando se presente incumplimiento a los servicios de educación a nivel primario o secundario, según corresponda.
«Hemos confirmado que las 57 tarjetas fueron cedidas por sus titulares y esto constituye una violación a los reglamentos de Supérate por parte de los beneficiarios y beneficiarias de los programas sociales. Por eso es que estamos imponiendo esta penalidad temporal», indicó la dirección general de Supérate.
A través del componente Familias en Paz, señaló Supérate en el comunicado de prensa, estas 57 familias serán acompañadas y evaluadas, «un proceso que nos permitirá determinar las razones que llevaron a estos jefes y jefas de hogar a ceder sus medios de pago. La medida es un ejercicio correctivo, es decir, implica una reeducación de los y las beneficiarias».
Asimismo, el programa gubernamental de protección social reiteró el llamado a los beneficiarios y beneficiarias de los subsidios para evitar estas prácticas.
Supérate informó que el pasado 18 de agosto del año 2024, el Tercer Juzgado de Instrucción de San Cristóbal, acogiendo de forma parcial la solicitud del Ministerio Público, impuso medidas de coerción consistentes en pago de una garantía económica ascendente a 10,000 pesos y presentación periódica contra Brayan Eduardo Lorenzo Lorenzo.
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