El Senado de la República aprobó, en única lectura, las modificaciones al proyecto de Ley Orgánica del Código Procesal Penal remitido por la Cámara de Diputados.
A solo seis días de que concluya el plazo fijado por la alta corte, los senadores de la República lograron un consenso para aprobar la versión enviada por la Cámara de Diputados.
Con ello, la decisión definitiva sobre el futuro del marco legal procesal en el país quedará en manos del presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si promulga o devuelve la ley con observaciones.
La normativa legislativa fue sometida por los senadores, Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán y Omar Fernández.
Entre los avances principales de esta pieza se destaca el de garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal.
Además, su aprobación responde a la necesidad de modernización de la justicia, la cual busca mayor celeridad, transparencia y eficiencia de los procesos, estableciendo un sistema de definición de roles entre sus actores.
Las modificaciones
Las modificaciones al Código Procesal Penal constan de 60 artículos, muchos de los cuales son relativos a los plazos para ejercer derechos, acciones y recursos para arribar a una decisión en el proceso penal conforme a la Ley Núm.74-25, del 03 de agosto de 2025 que instituye el Código Penal de la República Dominicana.
También, se ampliaron los presupuestos para determinar el arraigo de la persona acusada y su posible medida de coerción; garantizan el derecho de defensa y el control judicial; define el ámbito de las funciones del juez de la ejecución de la pena y precisión del concepto de juez natural; y establece el fortalecimiento de la protección del derecho fundamental a la libertad, el derecho a la debida información y las normas que conforman el debido proceso.
El nuevo Código Procesal Penal establece medidas que toman como base el principio de mínima intervención penal; y establece la legalidad de las normas procesales, las cuales son de acción inmediata, salvo cuando desfavorezcan al imputado y la celeridad del proceso a través de acuerdos durante todas las etapas.
Además, toma en cuenta de forma amplia la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal.
La nueva pieza homogeniza nomenclaturas conforme al Código Penal.
