Por: Leanlly Pérez- Rafael Germosén Andújar, quien se desempeñó como contralor general de la República Dominicana entre 2012 y 2016, se declaró inocente ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional durante su intervención en el juicio de fondo del caso de corrupción conocido como “Antipulpo”.
Germosén, uno de los 21 imputados, defendió su actuación frente a las acusaciones del Ministerio Público, que lo señala de haber validado pagos irregulares a empresas vinculadas a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
Durante su intervención ante las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yisell Soto, Germosén afirmó ser un “cristiano practicante” y “temeroso de Dios” y expresó de forma enfática: “Soy inocente y no debería estar aquí, aunque le duela al Ministerio Público”.
Con esas palabras, rechazó cualquier vínculo con actos de corrupción y cuestionó la razón por la que fue involucrado en el proceso judicial.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sostiene que Germosén avaló ilegalidades en los pagos emitidos por varias instituciones del Estado dominicano a empresas ligadas a Alexis Medina. Por ello, el órgano acusador ha solicitado una condena de cinco años de prisión en su contra.
No obstante, Germosén argumentó que, según la Ley 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno, cada incumbente o director institucional es responsable del control interno de la entidad que dirige.
Explicó que los procesos de libramientos de pagos se desarrollan siguiendo un procedimiento “rigurosamente metódico”, en el que los expedientes primero son auditados por unidades internas ubicadas en cada institución pública antes de llegar a la sede central de la Contraloría.
Detalló que dichas unidades, compuestas por auditores que “conviven” dentro de cada institución, revisan los documentos y verifican su legalidad.
Solo si cumplen con todos los requisitos establecidos en el manual de procedimientos de la Contraloría, los expedientes son enviados a la sede central para su validación final y posterior firma por el contralor general.
Por tanto, enfatizó que su función se limitaba a verificar que los procesos internos fueran cumplidos, y que cada institución era responsable de los pagos que solicitaba.
