Por: Leanlly Pérez- La jueza Beatriz Biedma, encargada de instruir el caso, ha decidido procesar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto con otras diez personas, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El caso se refiere a la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios musicales de la Diputación de Badajoz en 2017, un puesto que, según la investigación, habría sido creado específicamente para él.
El auto de procesamiento alega que David Sánchez tenía conocimiento previo de que dicho puesto se había diseñado a su medida y que, a pesar de esto, participó en el proceso de selección simulando legalidad, al presentarse a la convocatoria y hacer la entrevista para el cargo.
La jueza sostiene que David Sánchez fue el principal beneficiario de este procedimiento, que, según su criterio, no se ajustó a los principios de igualdad y transparencia.
Además de David Sánchez, también están procesados Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, y Luis María Carrero, quien en su momento trabajó en el Ministerio de Presidencia y luego fue jefe de Coordinación de Actividades Transfronterizas de la misma institución provincial.
La decisión de procesar a estos individuos se produce tras una serie de comparecencias, incluida la de David Sánchez, quien fue citado por segunda vez como investigado en el caso.
Este proceso ha desatado una fuerte polémica política en España. El PSOE, partido gobernante, defiende que las acusaciones son infundadas y que el caso surge de una denuncia falsa.
En cambio, la oposición, principalmente el Partido Popular, ha llevado el asunto ante la Comisión Europea, argumentando que la contratación de David Sánchez podría haber implicado un trato de favor y una violación de los principios de igualdad e imparcialidad en el empleo público, tal como establece la normativa europea.
La controversia también involucra a Manos Limpias, un sindicato que, a pesar de su escasa representación, fue el responsable de presentar la denuncia, lo que ha alimentado la discusión sobre la legitimidad del caso.
La postura del PSOE es que este proceso judicial forma parte de un intento del Partido Popular de derrotar al Gobierno de coalición de izquierda a través de los tribunales, dado que no lo lograron en las urnas.
Sin embargo, los conservadores insisten en que la contratación irregular podría haber comprometido los principios de la Administración pública, y consideran que el caso merece una investigación más exhaustiva.
