La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) inició una investigación formal contra las empresas Alsara VJ, SRL; Gemar, SRL; y Virginia, SRL por la posible existencia de prácticas concertadas en varios procesos de compras públicas celebrados por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.
La resolución núm. RII-DE-AAC-002-2025, que da apertura al procedimiento de investigación, arroja hallazgos que sugieren una coordinación ilícita entre los agentes económicos investigados.
Entre las evidencias figuran la similitud relevante en la presentación de los productos ofertados, pólizas de garantía emitidas por la misma aseguradora en la misma fecha y con números consecutivos, a pesar de tratarse de empresas ubicadas en distintas provincias.
Según detalla un comunicado de Pro-Competencia, estas situaciones, en principio, indicarían un patrón de prácticas colusorias con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de contratos de compras públicas.
La Dirección Ejecutiva enfatizó que la apertura de la investigación no implica prejuzgamiento ni constituye una presunción de culpabilidad, sino que trata de una etapa inicial dentro del proceso de debida diligencia, cuyo propósito es esclarecer los hechos y reunir elementos probatorios que permitan confirmar o descartar la existencia de una infracción a la Ley núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia.
Posible infracción y sanciones
Las acciones investigadas podrían constituir una violación al artículo 5 de la Ley núm. 42-08, que prohíbe los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública, incluyendo la fijación de precios o condiciones de manera concertada.
Esta infracción conlleva sanciones que oscilan entre multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo y máximas de hasta 3,000 veces el salario mínimo.
La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia indicó que continuará realizando las diligencias procesales establecidas en la Ley núm. 42-08, así como otras que sean necesarias conforme al debido proceso, con el propósito de determinar si ha existido una conducta que restrinja la libre y leal competencia.
