El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 45-25, mediante la cual se dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en una nueva entidad denominada Ministerio de Hacienda y Economía.
Esta transformación institucional implica también la derogación de la Ley 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La ley fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados el pasado 15 de julio de 2025, tras haber sido sancionada por el Senado el 22 de mayo del presente año.
Según explicó el Presidente, esta ley tiene por objetivo asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública, en coherencia con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.
La nueva legislación reorganiza las estructuras orgánicas de ambos ministerios, con el propósito de consolidarlas en una única entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación.
Entre los principales cambios que introduce se destacan:
– Supresión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), cuyas funciones sustantivas en materia económica, de planificación e inversión pública pasan al Ministerio de Hacienda y Economía.
– Transferencia de competencias al Ministerio de la Presidencia en áreas como cooperación internacional y ordenamiento territorial.
– Reorganización de los viceministerios bajo una nueva estructura que comprende áreas como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.
– Asimismo, la ley establece al nuevo ministerio como órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión pública y del conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país.
– De igual forma, la ley contempla disposiciones específicas para asegurar la continuidad de los servicios públicos, garantizar la transición ordenada del personal y definir los plazos para la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa.
