El presidente Luis Abinader emitió los decretos 636-24, 637-24 y 640-24, a través de los cuales se eliminan tres instituciones del Estado, como parte del plan de modernización de la administración pública.
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología.
Señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de finalizar sus programas en curso y dará continuidad a sus compromisos legales y contractuales.
Además, la administración de sus bienes será transferida a la Dirección General de Bienes Nacionales, que traspasará los necesarios al Ministerio de Educación para que pueda continuar con estas funciones.
Mientras que la Dirección General de Presupuesto gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.
Con el decreto 637-24, el presidente Abinader suprimió la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
De igual forma, el decreto indica que la Dirección General de Presupuesto gestionará los fondos no ejecutados, y el Ministerio de Administración Pública será responsable de la reubicación y el manejo del personal.
Supresión de Conafra
En tanto, el decreto 240-24 ordena la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
Al igual que en los casos de las otras dos instituciones eliminadas, la Dirección General de Presupuesto manejará las partidas presupuestarias no ejecutadas y el Ministerio de Administración Pública colaborará en el proceso de reubicación, cesación e indemnización del personal.
