El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó en el Congreso Nacional el proyecto de ley que busca endurecer las sanciones de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En cumplimiento de las «15 medidas» anunciadas el pasado domingo por el presidente Luis Abinader para proteger la soberanía nacional, Peralta entregó el proyecto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Explicó que la finalidad de esta propuesta es modificar específicamente los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley, con el objetivo de clarificar los elementos que definen el tráfico ilícito de migrantes, imponer nuevas penas y agregar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para los cómplices.
Peralta Romero indicó que, en el artículo 2, se amplía la definición y se agregan los elementos constituyentes del tráfico ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y la aplicación de las normativas correspondientes.
Asimismo, el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.
Se detallan condiciones específicas, como la asunción voluntaria de protección o vigilancia, o la creación previa de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. La omisión será penalizada cuando el daño causado sea equivalente al resultado de una acción directa.
Por otro lado, el artículo 6 redefine la participación del cómplice en la comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes.
Mientras que el artículo 7 incorpora nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al delito de tráfico ilícito de migrantes como al de trata de personas, que incluyen la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios empleados para cometer el delito.
Aumentarán las penas
De ser aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, se producirá un endurecimiento significativo de las sanciones a los infractores y se fortalecerá el marco legal contra este flagelo.
«El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía», explicó el consultor jurídico.
De igual forma, se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a personas adultas mayores o la muerte de la víctima del tráfico.
«Estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos», precisó Peralta.
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