El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación por el incremento de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, registradas como “intercambios de disparos”, que, según evidencia pública y estándares internacionales, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El partido defendió el derecho de los ciudadanos a la seguridad, al mismo tiempo que condenó cualquier acción que ponga en riesgo la vida o viole el debido proceso.
Según datos citados por la organización política, en los últimos meses se han registrado unas 50 muertes en hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos, reseñados por la prensa nacional como presuntos “intercambios de disparos”, llegando en el mes de julio a 82 casos.
Al mismo tiempo, el Gobierno reportó una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años.
El PLD recordó que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en la República Dominicana.
El partido morado exigió que se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota, estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales), garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
También reclamó la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones, demanda del uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
Asimismo, solicitó la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad, entre otros.
La organización política propuso, además, acciones inmediatas como la creación una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas, regla de 72 horas: publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
