El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde que imponga un año de prisión preventiva a un hombre que, con información falsa, registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
El acusado, Máximo Mendoza, fue arrestado en Mao, Valverde, durante un allanamiento en su vivienda, tras encontrarse diversas evidencias que indicaban que se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer el delito.
Según la solicitud de coerción, el imputado cometió los hechos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con la intención de perjudicar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes.
Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo se registró en el Ministerio de Salud.
El Ministerio Público explicó que los registros de defunción fueron completados por distintos médicos en pasantías, sin contar con exequátur que les habilitara para ejercer la profesión.
El expediente indica que el imputado empleaba la estrategia de solicitar los servicios a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
Uno de los aspectos comunes del delito es que algunas de las víctimas, personas en situación de vulnerabilidad económica, realizaban préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia. Estos beneficios consistían en un capital mensual de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinado a cubrir necesidades básicas.
“El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo”, indica el documento.
Su conducta constituye una violación al Código Penal dominicano por el uso y alteración de documentos públicos basados en información falsa. Asimismo, representa una infracción al artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, relativo a la falsedad.
El Ministerio Público indicó que, entre las maniobras empleadas por el imputado, se destaca su habilidad para simular estados de aflicción emocional y física, mostrando angustia y vulnerabilidad en momentos clave, especialmente al presentarse en centros de salud.
