Por: Leanlly Pérez- David González, expareja de la madre de una adolescente de 14 años con parálisis cerebral, fue arrestado la mañana del viernes 23 de mayo de 2025 en Montecristi.
El hombre estaba siendo buscado desde mediados de 2024 por su presunta implicación en un caso de conducta inapropiada que resultó en el embarazo de la menor en el municipio de Mao, provincia Valverde.
La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Valverde el 26 de julio de 2024, tras la denuncia presentada por la madre de la adolescente. Según esta denuncia, la menor comenzó a mostrar signos físicos de embarazo como el crecimiento abdominal y la ausencia de menstruación, lo cual preocupó a su madre.
Inicialmente, estos cambios fueron atribuidos a un posible aumento de peso o algún problema médico, hasta que, al ser llevada a un centro de salud, se confirmó que estaba en estado de gestación.
De acuerdo con el testimonio de la madre, durante un período en que debía atender a otra hija que requería hospitalización, fue su entonces pareja, David González, quien quedó a cargo del cuidado de la joven con discapacidad.
Esta situación de cercanía facilitó, según las acusaciones, que el imputado cometiera actos inadecuados contra la menor, que en ese momento no contaba con la capacidad física ni comunicativa para defenderse o alertar sobre lo ocurrido.
El embarazo fue descubierto en una etapa ya avanzada, lo que llevó a los médicos a programar una cesárea en diciembre de 2024. La menor dio a luz a una niña de poco más de seis libras, quien actualmente se encuentra en buen estado de salud.
Durante el proceso de investigación, González declaró públicamente que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades solo si se le realizaba una prueba de paternidad.
Sin embargo, dicha prueba nunca se llevó a cabo, y el acusado permaneció prófugo por casi un año. Finalmente, fue capturado en Montecristi por las autoridades policiales y será puesto a disposición del Ministerio Público.
El caso ha generado gran indignación en la sociedad dominicana, especialmente por tratarse de una víctima en condición de alta vulnerabilidad. Organizaciones sociales, defensoras de los derechos de la niñez y personas con discapacidad, han exigido que se haga justicia y se brinde atención psicológica, médica y legal tanto a la adolescente como a su hija.
Además, el caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a menores con discapacidad y de mejorar la supervisión en contextos familiares donde existe riesgo de abuso.
La justicia dominicana tendrá ahora la responsabilidad de determinar las consecuencias legales correspondientes para el acusado y de asegurar medidas de protección integral para la víctima.
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