Por: Leanlly Pérez- Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han consolidado su control absoluto sobre Nicaragua con la reciente aprobación de una reforma constitucional que les otorga el dominio sobre todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
La reforma, ratificada por el Parlamento nicaragüense, establece que Ortega y Murillo gobernarán como presidente y «copresidenta», respectivamente, coordinando los órganos legislativo, judicial y electoral, que anteriormente eran considerados independientes.
Esta reforma aumenta el periodo presidencial de cinco a seis años y eleva a Murillo de su puesto de vicepresidenta a «copresidenta», un cambio significativo que reafirma el poder de la pareja en la política del país.
Ortega, un exguerrillero de 79 años, ha estado en el poder desde 2007, después de haber gobernado en la década de 1980 como parte de la revolución sandinista.
Durante su mandato, ha sido criticado por instaurar una «dictadura familiar» al gobernar junto a su esposa, quien tiene 73 años.
La reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso, que está dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La reforma no solo refuerza su control político, sino que también afecta el sistema judicial y electoral, lo que ha generado preocupaciones sobre la destrucción del Estado de derecho en el país.
Reed Brody, abogado estadounidense y miembro de un grupo de expertos de la ONU, ha advertido que estos cambios son drásticos y marcan una amenaza seria a las libertades fundamentales en Nicaragua.
Además, el Congreso aprobó una moción para que la nueva norma sobre el mandato de gobierno sea retroactiva, lo que significa que el actual periodo de Ortega se extenderá hasta 2028.
Este desarrollo marca un punto crítico en la consolidación del poder autoritario en Nicaragua, mientras la comunidad internacional observa de cerca las implicaciones de estos cambios en la democracia y los derechos humanos en el país.
