La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de intentar afianzar su control total sobre el país mediante una reforma constitucional recientemente presentada al Parlamento, que actualmente está bajo el control de funcionarios leales a la dictadura.
«La OEA rechaza y repudia la iniciativa de ‘ley de reforma’ de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega», indicó la institución en un comunicado, calificando la medida como una «aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial».
La reforma, que es la duodécima desde que Ortega llegó al poder en 2007, sugiere alargar el mandato presidencial de cinco a seis años, establecer la figura de «co-presidenta», que recaería en su esposa Rosario Murillo, y otorgar al Ejecutivo la facultad de coordinar los otros poderes del Estado.
También propone incorporar la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo nacional, una acción que la OEA calificó como «ilegítima en la forma y contenido», considerándola una agresión contra el Estado de derecho democrático en Nicaragua.
La reforma constitucional también incorpora disposiciones restrictivas, como el poder del régimen para expulsar a funcionarios públicos a su discreción.
«La presión diplomática sobre el régimen dictatorial conyugal debe redoblarse para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado», agregó la OEA.
La reforma establece que «los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense»», lo cual se ha aplicado a unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.
Ortega y Murillo acusan a la Iglesia, periodistas y ONG de haber respaldado las manifestaciones en su contra, las cuales, según la ONU, dejaron 300 muertos, pero ellos las consideran un intento de golpe de Estado apoyado por Washington.
La propuesta también introduce controles sobre los medios y la Iglesia para evitar que respondan a «intereses extranjeros».
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