El nuevo gobierno de Bolivia, encabezado por el centroderechista Rodrigo Paz, anunció que presentará al Congreso como primeras medidas una reducción del 30 % del gasto fiscal y la eliminación de ciertos impuestos, con el objetivo de estabilizar al país, que atraviesa su peor crisis económica en cuarenta años.
Paz, quien asumió la presidencia el 8 de noviembre, puso fin a casi 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Evo Morales (2006-2019) y continuados por Luis Arce (2020-2025).
La crisis actual se debe a la escasez de dólares desde 2023, ya que la administración anterior utilizó casi todas las reservas de divisas para sostener una costosa política de subsidios a los combustibles, que aún permanece vigente.
«Por lo menos vamos a reducir en 30% el gasto fiscal para el 2026. Esto implica un proceso exhaustivo de revisión del gasto público y de reacomodo» de las instituciones estatales, dijo en conferencia de prensa José Gabriel Espinoza, ministro de Economía.
Según Espinoza, se tratará de una «reducción masiva» equivalente al 4 % del PIB.
El gobierno pedirá al Parlamento que le devuelva el proyecto de presupuesto enviado por Arce para poder reformularlo.
«Estamos absolutamente claros respecto al hecho de que gran parte de este gasto corriente no le llega a la gente, no tiene que ver con servicios básicos como salud, educación, seguridad e infraestructura», agregó.
No ofreció mayores detalles sobre los recortes, señalando que todavía están siendo evaluados y que se harán públicos en su totalidad en febrero de 2026, cuando se presente el nuevo presupuesto al Congreso para su aprobación.
Durante la campaña electoral, Paz prometió reducir más de la mitad de los subsidios a los combustibles, uno de los rubros que más impacta las finanzas públicas.
El gobierno también someterá a consideración del Legislativo la eliminación de cuatro impuestos con el objetivo de impulsar la economía nacional: el impuesto a las grandes fortunas, a las transferencias financieras, al juego y a las promociones empresariales.
Aunque estos gravámenes representan apenas el 1 % de la recaudación nacional, explicó Espinoza, han generado «contradicciones» y «problemas en el ámbito empresarial».
Paz precisó que «el impuesto a las grandes fortunas ahuyentó más de 2.000 millones de dólares».
