Por: Leanlly Pérez- Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, toda persona condenada por enriquecimiento ilícito quedará inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, ya sean electivos o por designación.
Así lo advirtió este jueves la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia sobre los avances en materia de transparencia que implican el nuevo marco penal y la recién aprobada Ley de Compras y Contrataciones Públicas. El evento tuvo lugar en la sede de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Reynoso fue enfática al señalar que la corrupción impacta directamente a la población, al recordar casos recientes como las irregularidades denunciadas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
“La corrupción es transversal al desarrollo de los pueblos. Cuando se comete un acto de corrupción, fondos que deben ir a Salud Pública, no van; fondos que deben ir a Educación, no van; fondos que deben ir a Seguridad, no van. Entonces, ¿quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad”, expresó.
Entre las principales novedades, destacó que el enriquecimiento ilícito se reconoce ahora como un tipo penal autónomo, lo que permite el decomiso de bienes adquiridos ilícitamente y la inhabilitación permanente del condenado para ocupar cargos públicos.
Además, el nuevo Código establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permitirá sancionar a empresas involucradas en actos de corrupción, incluso con su disolución. Reynoso advirtió que decenas de compañías enfrentan procesos judiciales que podrían llevarlas a ser inhabilitadas como proveedoras del Estado.
El marco normativo también tipifica nuevas conductas, como la manipulación de pagos en obras públicas, que incluye la alteración intencional de contratos para beneficiar a particulares en perjuicio del Estado.
“Cuando se usa el dinero del Estado para comprar o contratar, hay reglas. Y romperlas es robarle al pueblo”, advirtió la procuradora.
Otros delitos frecuentes en el ámbito de contrataciones públicas, como adjudicar contratos sin concurso, manipular precios, pagar por servicios inexistentes o proveer información falsa en licitaciones, también serán penalizados con sanciones de 3 a 10 años de prisión, en consonancia con la Ley de Lavado de Activos.
Finalmente, Reynoso destacó que estas reformas fortalecen la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, alineándose con los estándares internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En la actividad estuvieron presentes el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo); la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla y el gerente legal de la DGA, Óscar D’Óleo Seiffe.
