La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que la ciudad de Nueva York recibirá 2.400 millones de dólares del Estado para abordar su crisis migratoria, representando un aumento de 500 millones en comparación con el año anterior.
Este aporte financiero se incluye dentro del presupuesto global de 233.000 millones de dólares destinado para el año fiscal 2025, que comienza el 1 de abril, y servirá para cubrir los gastos asociados con la recepción de inmigrantes y solicitantes de asilo, incluyendo asistencia legal y servicios proporcionados en los albergues, explicó Hochul en una conferencia de prensa.
Según la dirigente, 500 millones de dólares asignados a esta situación de emergencia serán extraídos de las reservas del Estado de Nueva York, las cuales están designadas para ser utilizadas en circunstancias críticas.
Luego del anuncio, Hochul resaltó en su cuenta de X que no se podrán realizar cambios sustanciales en la gestión migratoria «hasta que haya un cambio en la política» y agregó que este viernes se dirigirá a Washington para solicitar un aumento en la financiación al respecto.
Con este presupuesto, el Estado de Nueva York se hará cargo de los gastos de los refugios ubicados en un hospital psiquiátrico en el distrito de Queens (Creedmoor) y en Randall Island, además de la intención de subvencionar el refugio de Floyd Bennet Field, en el distrito de Brooklyn.
El monto revelado por la gobernadora cubrirá únicamente una fracción de los 12.000 millones de dólares estimados por el alcalde Eric Adams en agosto, necesario para sufragar el alojamiento y cuidado de inmigrantes en la ciudad durante los próximos tres años.
La crisis migratoria inició el verano del año pasado con el envío de autobuses desde estados del sur de EE.UU., principalmente Texas, gobernados por políticos republicanos. Sin embargo, la situación se ha agravado recientemente con el fin de la política fronteriza del Título 42, que bloqueaba el paso por cuestiones sanitarias.
Dentro del presupuesto federal, se destaca una inversión de 4.800 millones de dólares en el sector de la salud mental, junto con una asignación de 12.400 millones para los servicios de apoyo y vivienda dirigidos a personas sin hogar que enfrentan enfermedades mentales graves o tienen asuntos judiciales pendientes.
