La escasez de personal en las cárceles de Nueva York, provocada por el despido de 2,000 agentes penitenciarios tras una huelga en marzo, ha obligado al Departamento de Prisiones estatal a dar un paso para liberar a 766 reclusos como medida para aliviar la sobrepoblación carcelaria.
Sin embargo, hasta el momento solo 151 personas han sido liberadas, al ser las únicas que cumplieron con los requisitos establecidos para salir de los centros penitenciarios, según informaron medios locales este martes.
De acuerdo con una lista elaborada por el departamento, que identifica a reclusos potencialmente elegibles para salir de prisión en los últimos 110 días de su condena, solo 151 fueron trasladados a centros residenciales bajo supervisión, como paso previo a su traslado a viviendas privadas o apartamentos.
Por otro lado, 404 personas fueron descartadas por no contar con un lugar donde residir al momento de abandonar el centro penitenciario, según explicó Nicole March, portavoz del Departamento de Prisiones, al medio The City.
El medio destaca que las 151 personas equivalen al 0.4 % de la población penitenciaria total, la cual ascendía a 38,837 internos según datos estatales del 24 de abril.
El comisionado de Prisiones, Daniel Martuscello, comunicó el pasado 31 de marzo, mediante un memorando, su intención de reubicar a estos internos desde instalaciones de régimen general hacia un complejo externo, debido a la escasez de personal.
De acuerdo con el documento, los reclusos seleccionados deben cumplir con ciertos criterios legales: no estar condenados por delitos de drogas, delitos sexuales o crímenes violentos graves, y contar con una residencia aprobada, que no sea un refugio, identificada y disponible entre 15 y 110 días antes de su fecha de liberación programada.
En marzo, más de treinta centros penitenciarios del estado fueron afectados por una huelga de guardias que exigían mejoras salariales y laborales, y protestaban contra una ley que restringe el uso del confinamiento solitario.
En respuesta, la gobernadora Kathy Hochul desplegó a 3,500 miembros de la Guardia Nacional para asistir en las tareas carcelarias.
Aunque se logró un acuerdo que puso fin a la huelga, unos 2,000 agentes penitenciarios no regresaron a sus funciones, por lo que fueron despedidos, profundizando aún más el déficit de personal.
