La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó penas de hasta 10 años de prisión contra los integrantes de la red criminal desmantelada mediante la Operación Gavilán, acusados de borrar y alterar, a cambio de sobornos, los registros de antecedentes penales de cientos de personas en la base de datos del Ministerio Público.
El órgano acusador, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, expuso ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la red dedicada a la alteración de registros benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados por violencia de género, secuestro y adulteración de bebidas alcohólicas, llegando incluso a borrar los antecedentes de condenados a 30 años de prisión.
Asimismo, los fiscales señalaron que los acusados también movieron dinero ilícito a través de familiares y allegados, adquiriendo bienes y servicios.
Con pruebas digitales, testimoniales, documentales, materiales, audiovisuales y periciales incorporadas al juicio, solicitaron imponer penas privativas de libertad y sanciones económicas, conforme al grado de participación y a la gravedad de los hechos, los cuales acreditan, sin lugar a dudas, la responsabilidad penal de los acusados.
En este sentido, solicitaron que Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño sean condenados a 10 años de prisión y al pago de multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público, además de que este último sea inhabilitado para ocupar funciones públicas por un período de cinco años.
Respecto a Mártires Rosario Reyes, el Ministerio Público pidió siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliaria y los tres años y seis meses restantes suspendidos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP). Asimismo, solicitó el pago de una multa de cinco salarios mínimos del sector público.
En el caso de Alfredo Mirambeaux, requirió ocho años de prisión, distribuidos en seis años de prisión domiciliaria y dos suspendidos, también bajo el artículo 41 del CPP, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos.
En cuanto a Rubén Darío Morbán, solicitó seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo la misma disposición legal, así como una multa de cinco salarios mínimos.
Para Domingo Julio Santana, pidió cinco años de prisión, en la modalidad de dos años y seis meses en prisión domiciliaria y dos años y seis meses suspendidos, conforme al artículo 41 del CPP. En el caso de Luis Alfredo Astacio Polanco, solicitó seis años de prisión, de los cuales tres años sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el artículo 41 del CPP, y una multa de cinco salarios mínimos del sector público. Estos últimos acusados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y admitieron los hechos en el tribunal.
El Ministerio Público también pidió la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, constituida conforme a las leyes de la República Dominicana, en virtud de las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asimismo, requirió el decomiso de todas las evidencias materiales aportadas durante el proceso, al haber sido instrumentos, efectos o productos del delito, conforme a la legislación penal y procesal vigente.
En cuanto a las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad conforme al artículo 370 numeral 6 del CPP, en razón de que el presente proceso corresponde a un caso de tramitación compleja y criminalidad organizada.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, integrado por Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, se reservaron el fallo para este jueves 28 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
